La guerra de banderas que se ha producido recientemente en Cataluña se parece bastante a la que tuvo lugar en abril del 2005 en Leitza (Navarra), aunque con distintos elementos. En el Ayuntamiento de Leitza, la Guardia Civil retiraba la ikurriña y los ciudadanos volvían a ponerla. En Cataluña, Esquerra Republicana retiró la bandera española de la conselleria de Joan Puigcercós y José Montilla ha ordenado colocarla de nuevo. Es decir, que el espectáculo ha terminado con una nueva humillación de ERC. Lo peor, sin embargo, es que a juzgar por la docilidad con que este partido acoge las humillaciones, se diría que ha encontrado en la subordinación una fuente de placer mucho más poderosa que el independentismo. Esquerra, no hay duda, tiene perfecto derecho a flirtear con el suicidio, lo que resulta preocupante es que pretenda la complicidad de quienes la han votado. Francamente, no se comprende tanta pusilanimidad. Más que nada porque si hay un rasgo que singulariza al votante republicano es precisamente el rechazo a la subordinación que por espacio de un cuarto de siglo ha caracterizado la política de CiU. ¿O no sabe ERC que el posibilismo genera un profundo sentimiento de frustración en toda sociedad sometida a una situación de agravio permanente sin horizonte de cambio? De hecho, fue la voluntad de liberarse de esa frustración lo que llevó a miles de catalanes a votar a ERC en las elecciones del 2003 y a poner en ella unas expectativas que el tiempo ha revelado excesivas. Excesivas por dos razones: porque ERC, con sólo 23 diputados, no podía ir demasiado lejos y porque la clase política catalana, infantil, españolizada y cobarde, no tiene la más mínima intención de liderar un proceso de emancipación nacional. Así las cosas, no es extraño que la abstención y el voto en blanco hayan sido la respuesta de la sociedad a las dos últimas consultas que se le han hecho. Ya se sabe: un Estatuto infame, indigno de un país que se respete a sí mismo, y un horizonte desolador, como corresponde a todo país subordinado, resultan muy poco persuasivos.

Es esa nueva humillación de Esquerra, pues, la que ha aumentado la frustración de sus votantes. Y no lo digo por la orden de Montilla, sino por la sumisión con que Esquerra la ha cumplido. El españolismo del PSC no es ninguna novedad, lo que resulta incomprensible es que ERC le dé un barniz catalanista y le obedezca. A ERC no se la vota para que acate una legalidad injusta, para eso ya están PSC y CiU, que son el paradigma de la subordinación, sino para que se rebele contra ella por medio de la desobediencia cívica. La misma que propone la plataforma Sobirania i Progrés que le es próxima. ¿Qué va a hacer el PSC si ERC se niega a poner la bandera española en las sedes que controla? ¿Expulsarla del gobierno? ¿Encerrar en la cárcel a Joan Puigcercós? Basta de hacer el ridículo, por favor. Es alucinante que ERC se ampare en la legalidad para hacer justo aquello que siempre ha criticado. Tras las elecciones nos dijo que desde el poder se puede hacer mucho más por Cataluña que desde la oposición y ahora resulta que ni tan siquiera puede retirar la bandera de un balcón. ¿Es así como espera crecer en votantes, siguiendo el manual españolista de Duran i Lleida e imitando a ICV y convirtiéndose en el mayordomo del PSC?

Nadie ama u odia a una bandera por lo que es, sino por lo que representa. Quiero decir que la bandera de España es la bandera de un pueblo tan respetable como cualquier otro y sólo un racista la despreciaría por razones étnicas. El rechazo catalán o vasco a la bandera española se fundamenta en otra cosa, y es que simboliza un poder hegemónico. Es decir, la supremacía de un país sobre otros. Rechazar esa hegemonía, por lo tanto, además de una cuestión de principio es también una cuestión de dignidad. Pasa exactamente lo mismo con la selección española. La aversión que hay hacia ella en Cataluña o en Euskal Herria no es por su condición de española, sino porque, con su hegemonía, impide la existencia de las selecciones de esos dos países y su proyección internacional.

No está bien promover actos contra la Constitución, la Hispanidad o el Estatut, como hace ERC, si no se es capaz de ser consecuente en detalles meramente simbólicos. Y en este sentido, la pregunta es: ¿si ERC no tiene la valentía de plantar cara al PSC en un tema menor como el de las banderas, cómo va a ser capaz de liderar un proceso de autodeterminación? ¿No regía la misma ley en la legislatura anterior, y, sin embargo, por orden de los entonces consellers Joan Carretero y Xavier Vendrell, la bandera española no ondeaba en Governació? ¿Qué ha ocurrido para que se produzca este cambio? ¿Es menos catalanista la Esquerra actual que la de entonces o es más españolista Montilla que Maragall? Me temo que este interrogante sitúa a ERC al borde del precipicio, porque aunque opte lógicamente por la segunda opción le será difícil escapar a esta otra pregunta: ¿quién ha convertido a Montilla en presidente de Cataluña? He aquí una cuestión que perseguirá a ERC durante muchísimos años.

No hay duda, pues, de que el argumento de la legalidad no se sostiene; sobretodo si tenemos en cuenta la ausencia de la bandera catalana en los edificios estatales, el mantenimiento de monumentos franquistas en municipios gobernados por CiU, con la connivencia del PSC, o el incumplimiento de la ley de Política Lingüística según la cual todos los rótulos comerciales y las cartas de los restaurantes deben estar por lo menos en catalán. ¿Es que esa legalidad no cuenta? Digámoslo de otro modo: si ERC quiere ganarse el respeto de sus votantes, lo primero que debe hacer es retirar la bandera española de sus conselleries y recordar al Partido Socialista que no ha sido Cataluña sino Esquerra quien le ha dado la presidencia.

Es un mal negocio intentar captar votantes ajenos si por el camino, además de los propios, se pierde la dignidad. Tantos años criticando la política posibilista de CiU y ahora resulta que la dignidad es secundaria.

Berria , 19/12/2006 (euskara)
Nabarralde , 20/12/2006 (español, euskara)
radiocatalunya.ca , 21/12/2006 (catalán)
Racó Català , 24/12/2006 (catalán)