Lo que la Justicia y el gobierno españoles están haciendo en Euskal Herria es realmente escandaloso. Tiene razón la portavoz del gobierno, Miren Azkarate, cuando afirma que se está juzgando a la sociedad vasca por el simple hecho de querer decidir por sí misma sobre sí misma. El juicio contra el lehendakari Juan José Ibarretxe por haber dialogado con Batasuna -¿no son las dictaduras las que criminalizan el diálogo?- y la persecución que se ha desatado contra la izquierda abertzale, únicamente para satisfacer los intereses electorales del Partido Socialista, tendrá graves consecuencias en las sociedades vasca y española. Es indudable que el único culpable de un atentado es quien lo comete, pero los escenarios de violencia política tienen responsables políticos. Y los cuarenta años de existencia de ETA demuestran que no hay voluntad política de terminar con este conflicto. Al contrario, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista sacan toda la rentabilidad electoral que pueden. Es inmoral, claro, pero, ¿cuándo han demostrado que les importe más la paz que el poder? La Ley Antiterrorista y la Ley de Partidos Políticos son leyes claramente antidemocráticas y propias de regímenes totalitarios; y, además, como es sabido, del todo inoperantes para resolver el problema. La primera, la Ley Antiterrorista, es la coartada para impedir la representación parlamentaria de la izquierda independentista -si no hay votos, no hay escaños-; y la segunda, la Ley de Partidos, es la vía para criminalizar la prensa desafecta a España -aunque, como se ha visto, ello implique encarcelar a personas inocentes y torturar a directores de periódico.

Ante este estado de cosas, la izquierda abertzale haría bien en no menospreciar al Partido Socialista. ¿Habrá que recordarle que fue bajo el régimen de ese partido que el Estado español vivió los casos más escandalosos de corrupción política, de tortura policial y de terrorismo de Estado? ¿Habrá que recordarle que se trata del mismo partido que ha elaborado una Ley de la Memoria Histórica que no anula los juicios sumarísimos del franquismo y que, con los votos del PSC y de ICV, sigue considerando legal el fusilamiento del presidente Lluís Companys? Pues bien, esa fuerza política ha llegado hasta el extremo de imponer un estado de sitio a la población guipuzcoana de Segura, con identificación de sus habitantes y control absoluto de sus movimientos. La reunión de cuatro personas en algunas poblaciones de Euskal Herria para hablar de política es delito de terrorismo. Exactamente igual que en la época de Franco. "Más de dos, no", decían entonces.

Claro que también podría llegar la suspensión de la autonomía vasca, como piden Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pero no hará falta porque el lehendakari Ibarretxe no celebrará ningún referéndum sin un acuerdo con el Partido Socialista. Ibarretxe domina muy bien la gestualidad, pero es difícil que plante cara al gobierno español hasta el punto de ponerlo en evidencia ante todo el mundo. Cosa que es una lástima, porque la mejor manera de mostrar la baja cultura democrática de alguien es que se le vea sublevándose contra un referéndum. No hay imagen más patética, en política, que la del enfrentamiento entre urnas y armas, entre demócratas y totalitarios. Es decir, las urnas secuestradas por la fuerza de las armas. Y pensar que hay quien llama a eso Estado de derecho...

e-notícies , 15/10/2007 (català)
Berria , 18/11/2007 (euskara)
Nabarralde , 18/11/2007 (español)