Es realmente escandaloso lo que está sucediendo con Aukera Guztiak. Hay que remontarse a la virulenta campaña anticomunista del senador McCarthy –la famosa caza de brujas-, en los años 40 y 50, en Estados Unidos, para encontrar un ejemplo semejante de persecución de las ideas en el seno de un régimen democrático. También es escandalosa la criminalización de la conciencia nacional vasca y de aquellos que de acuerdo con ella votan a favor de los derechos nacionales de Euskal Herria. El acoso moral y psicológico contra todo lo que es abertzale o susceptible de serlo debería hacer reflexionar a aquellos vascos que se suman de buena fe a las tesis nacionalistas españolas exigiendo a Batasuna que renuncie a sus convicciones políticas y que acate una ley inexistente.


Y es que esta es la cuestión, que no existe ninguna ley que obligue a una persona a pronunciar las palabras que un tercero quiere oír. Es un derecho protegido por los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual significa que por singular que sea la forma de pensar del interpelado, los tribunales tienen la obligación de respetar su libertad de conciencia y no inquietarle a causa de sus opiniones. Por eso, cuando Rodríguez Zapatero ofrece a AG la posibilidad de participar en las próximas elecciones vascas a cambio de una condena explícita de la violencia, vulnera los fundamentos de un Estado de derecho. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de la violencia, puedo entenderla pero no compartirla porque me parece humanamente involutiva. Sin embargo, nadie puede obligarme a que verbalice públicamente esa opinión. Quiero decir que si alguien tiene la obligación moral de cumplir la ley es la propia ley, y cuando un gobierno o unos tribunales la infringen no hacen otra cosa que legitimar a aquellos que han perdido su confianza en ella.

Digámoslo claro: ni la renuncia a unas ideas ni el arrepentimiento son obligatorios para nadie, tanto en libertad como en prisión. No hay ninguna legislación europea que contemple algo semejante, ninguna. A un preso que pide perdón se le puede conceder una reducción de la pena, pero ese gesto jamás debe ser un requisito indispensable para obtenerla. Nadie, por lo tanto, puede ser ilegalizado por guardar silencio; nadie, en nombre de nada, y menos de la democracia, tiene derecho a exigir a alguien la verbalización de sus pensamientos.

En este sentido, ha sido muy inteligente Arnaldo Otegi respondiendo a Zapatero con su misma frase pero cambiando el sujeto: “Si realmente quieren acabar con el conflicto en Euskal Herria, lo tienen muy fácil. Basta con que pronuncien estas palabras: respetaremos la voluntad del pueblo vasco”. Me temo, no obstante, que no será fácil, porque la raíz del conflicto se encuentra en la implantación en ese país de uno de los más feroces y sanguinarios nacionalismos europeos, el nacionalismo español. Un nacionalismo que se niega a aceptar su inferioridad parlamentaria, que no reconoce la existencia del pueblo vasco, que ha creado una banda terrorista con dinero público y que no tiene el más mínimo escrúpulo en conseguir por la fuerza el poder que las urnas le niegan. Es el nacionalismo del Partido Popular, defensor de la presencia en las calles de las estatuas del genocida general Franco y de las asociaciones que promueven su memoria, y es el nacionalismo del Partido Socialista, que viola derechos fundamentales mediante la ley antiterrorista y la ley de partidos. Es, en definitiva, el nacionalismo de la derecha y la izquierda españolas, que favorece la tortura de presos, que es denunciado año tras año por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que se niega a seguir las recomendaciones de este organismo adecuando la legislación a la Convención contra la Tortura. De ahí que sean perseguidos los que la denuncian y protegidos los que la practican.

Eso explica que quienes no dudan en investigar la vida íntima de los 30.000 ciudadanos que avalan la candidatura de AG, violando sus derechos constitucionales, sean los mismos que protegen la impunidad de los crímenes de Fraga Iribarne y la honorabilidad de franquistas y falangistas como Rodolfo Martín Villa y Juan Antonio Samaranch. La ética del nacionalismo español consiste justamente en eso, en la protección de aquellos que han destacado en la defensa de los principios fundamentales del Movimiento.

Esta es la razón de ser del pacto entre el PP y el PSOE, la negación de la nación vasca, la destrucción de todo cuanto pruebe su existencia y la persecución sistemática de sus más anónimos defensores. Tan obcecados están en esa tarea que ni siquiera se molestan en disimular la escandalosa connivencia entre el gobierno y el poder judicial. ¿O no es ese el mensaje que Zapatero transmite cuando ofrece la legalidad a Batasuna a cambio de una simple frase? Nadie, desde el franquismo, había llegado tan lejos como lo han hecho él y Aznar, las dos caras de la moneda con la que se compran favores y conciencias en favor de la unidad de España. ¿Con qué autoridad moral puede exigirse a AG que condene a ETA mientras se permite al PP que siga sin condenar el franquismo? El gobierno de Zapatero debería reflexionar sobre ello, porque si desear la independencia de Euskal Herria equivale a terrorismo, ya que coincide con los objetivos de ETA, no hay duda que desear la unidad de España equivale a fascismo, ya que coincide con los objetivos de Franco.

La caza del abertzale ha comenzado. En 1947, durante la caza de brujas, el actor Fredric March dijo: “¿Quién será el próximo? ¿Será vuestro párroco, a quien indicarán lo que puede decir en su sermón? ¿O el profesor de vuestros hijos, al que ordenarán lo que debe decir en clase?”. Y Thomas Mann añadió: “Como ciudadano americano nacido alemán, declaro que me son dolorosamente familiares ciertas prácticas políticas y el debilitamiento de la seguridad legal en nombre de un pretendido estado de emergencia...”. Que el lector saque sus conclusiones.

Berria , 31/3/2005 (èuscar)
Nabarralde , 31/3/2005 (español)
Racó Català , 18/4/2005 (català)